Un Sistema de Salud fundamentado en el bien común
La sostenibilidad financiera del Sistema de Salud es uno de los temas centrales que ha suscitado el interés de la opinión pública luego de la sanción de la Ley Estatutaria por parte del presidente Juan Manuel Santos a inicios del 2015. Jaime Arias, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ACEMI, calcula que se necesitarán entre 5 y 10 billones de pesos para materializar los cambios que supone la aplicación de esta Ley¹.
El Ministerio de Salud, en cabeza del Doctor Alejandro Gaviria, como parte de los esfuerzos para encontrar los recursos necesarios para concretar los cambios mencionados, ha iniciado la implementación de la regulación del precio de medicamentos. De acuerdo con Gaviria, para el segundo semestre de este año vendrá una nueva reglamentación que dé forma a una Política Farmacéutica. Esta Política “garantizará la sostenibilidad del sistema en el contexto de la Ley Estatutaria, porque tenemos más de mil medicamentos controlados”², afirma el ministro. Sus cálculos arrojan un ahorro superior a los $500.000 millones anuales. El énfasis de la regulación está puesto en los medicamentos monopólicos, cuyo costo esté por encima al de los 17 países de referencia.
El doctor Eduardo Guerrero Espinel, docente Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, en su ponencia del 25 de Marzo Ley Estatutaria y Plan de Desarrollo 2014-2018, resaltó los esfuerzos regulatorios llevados a cabo por el Ministerio de Salud. Para Guerrero, la sostenibilidad fiscal debe ser pensada desde la perspectiva macroeconómica, ya que a nivel individual a ningún paciente se le pueden negar los servicios de salud. Es decir, en la lógica de la Ley Estatutaria, primero está la vida del paciente y luego las consideraciones concernientes a la sustentabilidad del Sistema. Guerrero argumenta que las Instituciones Prestadoras de Salud deben ser sometidas a un análisis de sus balances financieros, pero también de sus balances sanitarios. Sólo así puede darse cuenta de la rentabilidad social del Sistema de Salud, concluye.
No obstante, Guerrero acusa un trato desigual por parte del Gobierno Nacional con respecto a las EPS y las Empresas Sociales del Estado, ESE. Por un lado, el artículo 9 del decreto 2702 del 23 de diciembre de 2014, por el cual se actualizan las condiciones financieras y de solvencia de las EPS, le otorga un plazo de siete años a estas instituciones para que cumplan con las nuevas condiciones exigidas³. De igual forma, Guerrero expresa que “el PND abre la posibilidad a que las entidades del sector cooperativo sujetas a intervención, puedan por decisión de la Superintendencia, convertirse en Sociedades Anónimas. Por lo tanto, el negocio de la salud con recursos públicos sigue abierto en Colombia”⁴.
Por otro lado, el artículo 71 del PND permite la asignación de recursos para los procesos de administración y liquidación de los hospitales públicos. A juicio de Guerrero, la intención patente de este artículo podría ir en contradicción del espíritu de la Ley Estatutaria, en tanto que entorpecería el acceso y la prestación eficaz y con capacidad resolutiva de los servicios de salud para una porción significativa de la población colombiana.
El ministro Gaviria, sin embargo, señala que la liquidación de hospitales públicos sólo se ejecutaría en los casos “en los que no es posible lograr su salvamento, pues las situaciones financieras o los problemas en la atención de los usuarios son tan críticos, que resulta necesario excluirlos del sistema de salud y buscar mejores alternativas para la protección de los derechos de la población afiliada”⁵.
Otra opinión es la que sostiene el doctor Guerrero, para quien “[l]a próxima década debería ser la era de la defensa del hospital público y de su modernización tecnológica, reorientando sus servicios más cercanos a la salud pública y a las necesidades de la gente”⁶. Guerrero cree que es preciso cambiar la lógica del Sistema de Salud, de una regida meramente por el mercado para pasar a una lógica del cuidado de la vida. Dicho de otro modo, es necesario construir un Sistema fundamentado en el concepto del bien común y no llanamente en la lógica de la rentabilidad.
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