¿El fin de la Universidad en la formación de profesionales de la salud?

En esta oportunidad inauguramos el primer Foro Virtual con una entrevista realizada al Dr. Adolfo González Hadad, docente de la Universidad del Valle y cirujano del HUV, quien nos contó acerca de las implicaciones que tendría la aprobación del proyecto de Ley Ordinaria en el sistema de salud, específicamente en la formación de profesionales médicos quirúrgicos. Así que los(as) invitamos a participar en el Foro Virtual a partir de esta entrevista.

En segundo lugar, la equidad en la prestación de servicios de salud continuará siendo una utopía, pues la segmentación y las barreras al acceso de los servicios se extenderán, el llamado “paseo de la muerte” continuará y los hospitales públicos seguirán absorbiendo este problema estructural, congestionando sus servicios, particularmente, de urgencias.

Respecto a lo que propone el proyecto sobre la formación de talento humano en salud…

Hay que aclarar que la definición de hospital universitario es cambiada radicalmente. El sentido de la definición inicial (art. 100/Ley 1438 de 2011) era que estos debían estar vinculados misionalmente a una universidad, es decir, que dentro de su estructura administrativa, sus políticas y su planeación estuvieran inmersas las funciones propias de la universidad que son la docencia, la investigación y la extensión.

Este proyecto lo que propone es que las IPS puedan, sin el acompañamiento de una universidad, entrenar y titular especialistas clínicos y quirúrgicos. De esta manera, se concibe a la formación como un entrenamiento técnico en instituciones de salud enfocadas, principalmente, en la prestación de servicios de salud con fines de lucro. Hay que sumarle a esto que el proyecto concentra su atención únicamente en la formación a nivel de postgrados y relega a un segundo plano la formación de pregrado, olvidando que la educación conjunta de estudiantes de pregrado y postgrado se articula y potencia, y la una sin la otra crea unilateralidades y visiones segmentarias del paciente.

En ese sentido, ¿en caso de que el proyecto de Ley fuera aprobado se afectaría la calidad de la formación de los profesionales en salud?

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y su viceministro, Fernando Ruiz, consideran que la formación de postgrados médico-quirúrgicos es fundamentalmente un entrenamiento técnico, una formación enfocada en el trabajo, en el oficio. Si bien es muy importante formar a los especialistas médico-quirúrgicos con los mejores estándares de calidad en la parte técnica, se requiere una mirada integral sobre el paciente, su familia, su cultura y el entorno social en que se desarrolla; sobrepasando la mirada fragmentada que se tiene del paciente cuando se enfoca solo desde lo técnico. Así que realizar la formación de los residentes en las IPS, es decir, en los empleadores, y omitir la presencia de la universidad, es atentar contra la formación integral, delegar lo humano al sector privado y privilegiar las necesidades de las empresas por encima de las necesidades de los pacientes.

La formación integral y la formación técnica estarían haciendo alusión a las diferencias entre un tipo de profesional y otro.

Exacto, esas serían las diferencias. Ahora, los riesgos de que la formación sea únicamente dada por una institución de salud sin la presencia de una universidad, serían que estaría centrada en el trabajo y en lo técnico; en las necesidades de las empresas contratantes y no en las de los pacientes; en la eficiencia, la efectividad y la productividad, y al servicio de una política económica y no de la sociedad.

El otro gran riesgo es la consolidación de un monopolio que integre los recursos del aseguramiento provenientes tanto de la medicina pre-pagada, como de los regímenes subsidiado y contributivo; que realice una integración en la prestación de servicios en todos los niveles (1 a 4); que controle el gasto y que formen el recurso humano en salud en los niveles técnico, profesional de especialistas y sub-especialistas. En síntesis, el sistema de salud estaría en riesgo, porque el Estado perdería definitivamente su función democrática en salud y educación, al entregarla a instituciones con un claro fin de lucro.

¿A qué cree que responde la formulación de este proyecto de Ley con respecto a la formación de talento humano en salud?

El sistema de salud colombiano requiere del aumento en el número de especialistas clínicos por varias razones. Primero, porque el promedio de vida al nacer ha ido aumentando; segundo, porque hay un incremento de enfermedades crónicas y de los pacientes que experimentan episodios agudos que requieren hospitalización y, por ende, de los servicios de especialistas; tercero, porque, producto de la ampliación de cobertura, la demanda de servicios de salud y de especialistas aumenta; y cuarto, porque el número de especialistas en entrenamiento no es suficiente para atender esta demanda.

Es por eso que el Estado está buscando solucionar ese déficit de recurso humano de especialistas, pero ampliando de la peor manera la cobertura de formación. Está optando por el camino más fácil, probablemente, más rápido y más económico, pero que a su vez va a generar más costos, porque se titularán especialistas con capacidad limitada para resolver integralmente problemas de salud y porque tendrán una baja capacidad de análisis crítico de la literatura, medicamentos y nuevas tecnologías. Todo esto va afectar la salud de los colombianos, porque los pacientes quedarán expuestos a mayores riesgos.

Entonces, ¿se podría pensar que el Estado está tratando de poner en manos del sector privado tanto la salud, como la educación superior?

Indudablemente. A partir de la puesta en marcha de la Ley 30/92 se desregularon los criterios exigidos a las universidades para formar profesionales y comenzaron a proliferar universidades –del sector privado- de baja y mediana calidad por todo el país. Entre esas instituciones que se multiplicaron había facultades de medicina que no tenían centros de práctica, lo que conllevó a que estas ejercieran presión en hospitales y clínicas aprovechando su solvencia económica, para que sus estudiantes accedieran mediante convenios a estas entidades, que la mayoría de las veces funcionaban sin el acompañamiento de una universidad y con profesionales sin formación ni espíritu académico.

Eso por un lado. Respecto a la salud, bajo la Ley 100/93 desaparece la figura de hospital universitario y se crean intermediarios –EPS- a quienes se les destinan los recursos para la prestación de los servicios de salud. Esto ocasiona que las IPS, principalmente los hospitales públicos, entren en crisis y muchos de ellos sean liquidados, afectando no solamente la prestación de los servicios de salud, sino la formación de los Residentes, quienes terminan haciendo sus prácticas en instituciones alejadas de la universidad y que funcionan con especialistas que no tienen formación pedagógica.

En conclusión, ¿qué pasaría con el Ministerio de Educación en la legitimación de los programas académicos de pregrado y postgrado del área de la salud?

Este proyecto le da gran potestad al Ministerio de Salud y Protección Social para definir las características, la pertinencia y los cupos de los programas; lo que quiere decir, que la autonomía de las universidades para formular sus currículos perderá protagonismo y, en últimas, quien definirá tanto estos, como el perfil de los médicos y especialistas serán los empleadores y el Ministerio de Salud.

Creo que el gobierno debe entender que aunque todavía en muchas partes del mundo la formación y la titulación de especialistas clínicos y quirúrgicos están en manos de los hospitales, estos están buscando retornar a la universidad por los vacíos evidentes con los que egresan sus profesionales. Quienes tenemos la posibilidad de participar en la formación de personas que vienen desde diferentes países, nos damos cuenta muy rápidamente, por la cálida de sus apreciaciones, su juicio clínico y su capacidad de análisis, que han sido formados bajo este modelo.

Indudablemente la universidad crea una impronta claramente identificable en el quehacer cotidiano de los especialistas y es por eso que solo el binomio hospital-universidad (hospital universitario) puede complementar la unilateralidad generada por el entrenamiento centrado en lo técnico; pues es la universidad la que aporta su experiencia pedagógica, de formación integral e investigativa.

En conclusión, hago un llamado al Ministerio de Salud para que en conjunto con el Ministerio de Educación y las universidades, genere una política que, cubriendo las necesidades de los especialistas, garantice la formación integral de alta calidad.